Materiales comunes

Dr. Rubens Bayardo[1]

Introducción

En el momento actual el  Mercado Común del Sur -MERCOSUR- que nuclea  a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, es la cuarta economía mundial, cubriendo un territorio de 12 millones de kilómetros cuadrados, con una población de 210 millones de habitantes y un  producto bruto de 1,3 trillón de dólares. Al igual que otros bloques regionales (la Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio de Norte América -NAFTA-, la Cooperación Económica del Pacífico Asiático –APEC-) su emergencia responde a procesos de globalización motorizados principalmente por grandes conglomerados transnacionales y agencias gubernamentales. La participación de otros actores de menor peso económico, político, cultural resulta visiblemente escasa, posterior y con menor incidencia  que las acciones definitoriamente contundentes de los primeros. Sin embargo, en lo que respecta al MERCOSUR resultan frecuentes las invocaciones a figuras retóricas que gozan de buen anclaje en el imaginario de la gente. Estamos pensando en la recurrencia a los ‘héroes’ de la gesta independentista latinoamericana y a la ‘historia común’ del subcontinente, recuperados como fundamento del actual proceso de integración regional.

Sin entrar a discutir los elementos que permitirían o no trazar una continuidad histórica entre unos y otros desarrollos, no es posible desconocer una prolífica historia contemporánea donde los proyectos de integración se sucedieron sin éxito. Nos referimos a las diversas tratativas que desde hace un siglo y con proyección latinoamericana, panamericana o iberoamericana -entre otras de menor alcance regional- procuraron afianzar vínculos económicos, políticos y culturales entre los estados nacionales en procura de un desarrollo social acelerado. Con todo, cabe señalar que a diferencia de esos fallidos intentos, producidos en un contexto de presencia de fuerzas progresistas, deseosas de superar una ‘balcanización’ concebida como catalizadora de la dependencia de los países latinoamericanos, la integración cambió de signo: “antes implicaba la connotación sindical y defensiva de la unidad entre iguales en la pobreza, y ahora  /.../ ya no se esgrime ‘frente’ a los desarrollados sino ‘con’ ellos” (Roncagliolo 1996). Hoy ostenta una escasa referencia a expectativas producidas con amplitud en la sociedad y se vincula más bien con una suerte de aceptación fatal, de paso ineludible para lograr sobrevivir en un mercado mundial altamente competitivo. 

Con todo, y en el seno de estrategias atentas a la ponderación de ventajas comparativas, el MERCOSUR se construye en la tensión entre los modelos que proporcionan los bloques que le son más afines: el NAFTA y la Unión Europea. Mientras en el primer caso se trata de un acuerdo restringido al libre comercio, en el segundo se trata de un proceso de integración económica, política y cultural que entraña delegación de soberanía y conformación de una ciudadanía comunitaria enmarcada en la diversidad (Achugar y Bustamante 1996). Las discusiones iniciales sobre el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y las negociaciones en curso con la Unión Europea  incidirán sin duda en el diseño que termine por adoptar el MERCOSUR. Aquí se ponen en juego deseos e intereses encontrados respecto a qué vínculos y qué formas institucionales privilegiar[2]. De todos modos conviene no olvidar que ello depende por sobre todo de los pasos volátiles y escasamente predecibles del proceso de globalización - regionalización con relación al área.

2. Globalización - regionalización

Numerosos autores han tematizado la problemática de la globalización enfatizando la conformación en el seno del capitalismo avanzado, de un espacio de flujos en los que capitales, tecnologías, mercancías, personas, mensajes e ideas circulan amplia y libremente a escala planetaria (cf. Featherstone 1994). Incluso se ha planeado que la comunicación generalizada conllevaría la aniquilación del espacio a partir del dominio del tiempo que posibilitan las nuevas tecnologías (Harvey 1995). Sin embargo, cabe señalar que la globalización no implica una circulación sin restricciones, suponiendo más bien diversos grados de libertad, vinculados a la emergencia de nuevas configuraciones espaciales. Más aún es el surgimiento de regiones supranacionales como la Unión Europea, el NAFTA y el MERCOSUR lo que viabiliza ese proceso, en el que se constituyen bloques de poder económico y político (Rosas Mantecón 1992) que basados en parámetros de productividad y competitividad, disputan por la hegemonía intra capitalista.

Aunque se destacan las dimensiones económicas y políticas de la globalización cabe también subrayar las significativas implicancias que desde lo cultural son parte interior e integral de la misma cuestión. David Harvey (1995) conceptualiza los cambios producidos en el sistema económico mundial hacia los años 70, en respuesta a la crisis de las formas de acumulación rígida del ‘fordismo’[3], bajo la expresión  ‘capitalismo de acumulación flexible’. Este instaura modalidades de flexibilidad en los procesos de trabajo, los mercados laborales, los productos y los patrones de consumo. La nueva etapa se caracteriza por la emergencia de nuevos sectores en la producción de bienes y servicios, por la innovación tecnológica, organizacional, comercial y financiera. Favorecida por las tecnologías de la comunicación, el transporte y la información, la producción se dispersa y coloniza espacios. Algunas regiones ‘avanzadas’ se desindustrializan competitivamente, encaminándose a una tercerización especializada en servicios modernos de mayor productividad. Otras áreas ‘subdesarrolladas’ o ‘tercermundistas’ (con salarios magros, baja sindicalización y derechos laborales escasos) se industrializan al ofrecer costes laborales menores y junto al terciario moderno ven crecer un importante sector terciario informal. Pero a la dispersión espacial corresponde una mayor concentración y centralización de capitales como salida de la crisis de acumulación.

Haciendo referencia a los ‘nuevos tiempos’ como distintos de la era de la producción masiva, los productos estandarizados y las disciplinas del trabajo tayloristas, Stuart Hall (1993) adopta el término ‘post fordismo’ para subrayar las formas más flexibles, especializadas y descentralizadas de los procesos de trabajo, la nueva división internacional del trabajo autonomizada del control de los Estados nación, los nuevos patrones de división social y el rol decisivo del consumo y la cultura en todas estas instancias. En tal sentido apunta que “si el ‘post fordismo’ existe, es tanto una descripción cultural como un cambio económico. En efecto, la distinción es casi inútil. La cultura ha dejado de ser -si alguna vez lo fue- una adenda decorativa al  mundo ‘pesado’ de la producción. La palabra es ahora tan ‘material’ como el mundo. A través del diseño y las tecnologías, la ‘estética’ ha penetrado ya el mundo de la producción moderna. A través de la comercialización y el estilo, la ‘imagen’ provee un modo de representación y narrativización ficcional del cuerpo sobre el que tanto se apoya el consumo moderno. La cultura moderna es, sin duda, material en sus prácticas y modos de producción. Y el mundo material de las mercancías y tecnologías es profundamente cultural” (Hall 1993:94). Esta proliferación de estilos y la multiplicación de mundos sociales, dan pie a una  pluralización de identidades sociales y de formas de ciudadanía que extienden la política a nuevas esferas.

Las dimensiones políticas de la globalización se hallan fuertemente pautadas por la apertura económica y cultural de los Estados nación a instancias transnacionales que los atraviesan y reformulan. La acumulación y la socialización global se realizan en espacios que trascienden la territorialidad de los Estados y emergen agencias –empresas  transnacionales, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales- que ponen en cuestión su papel central y su misma estructuración. En el entendido que ‘el Estado es demasiado grande para administrar y demasiado pequeño para comerciar’ surgen presiones para redistribuir la autoridad (Kennedy en Sonntag y Arenas 1995). La transferencia de funciones y decisiones a administraciones locales en los procesos de descentralización, la conformación de regiones subnacionales y la delegación de soberanía a agregados supranacionales en los procesos de integración regional, dan cuenta de este movimiento en el que se también se constituyen nuevos actores políticos.

Por otra parte las formas de hacer política se ven afectadas por la desregulación de los sistemas de control estatal y por un neocorporativismo donde se activan fuerzas no gubernamentales, lo que convierte a los gobiernos en un agente mas de las negociaciones (Habermas 1993). A ello se agrega la generalización de una telepolítica[4] que, en detrimento de la participación efectiva de la ciudadanía, enfatiza la función representacional de los medios de comunicación. En la creación de ese espacio ilusorio de realización de demandas de poder se acrecienta más aun la distancia de la toma de decisiones de la administración con respecto a los representados. Esto a la vez subraya la importancia de la  visibilidad pública, así como la necesidad de ocupar una posición en el mundo social así conformado y negociar formas de reconocimiento en las que se constituyen y dirimen identidades sociales. En el declinar del Estado nación y la clase como principios privilegiados de identificación, cobran vigor diacríticos vinculados a la etnía, el género, la edad, la religión, los estilos de vida, las pautas de consumo, como portadores de identidad en los ‘nuevos tiempos’ que “parecen haberse vuelto ‘globales’ y ‘locales’ a la vez” (Hall 1993:98).

3. El MERCOSUR y la diversidad cultural

Como decíamos más arriba el MERCOSUR resulta un hecho fundamentalmente económico y político que compete a poderosos agentes empresariales y gubernamentales e involucra a las más altas esferas de decisión. Sin embargo las formas y modalidades de su concreción dependen también de las acciones y opciones realizadas por los actores sociales en todos los niveles. De hecho la circulación intra regional de mercancías se ha incrementado notablemente, incidiendo en los consumos masivos y en la presentación de los productos, donde se ha vuelto habitual que los envases contengan leyendas en castellano y en portugués. Siguiendo la orientación  de los acuerdos educativos que impulsan la enseñanza  de ambas lenguas en el área, muchas personas en Argentina buscan una salida laboral como profesores de portugués. Agentes de menor peso económico y político, realizan eventos y reuniones de índole regional y tienden a conformar redes a ese nivel. En tal sentido la escala de la región y la pertenencia a la misma van adquiriendo entidad y planteando requerimientos culturales, referidos tanto a los nuevos vínculos como a los lazos históricamente preexistentes entre los países del área.

Esta realidad unida a la significación cierta –aun no del todo dirimida- del modelo antes mencionado de la integración europea, lleva a poner el acento en las dimensiones de lo comunitario y de la identidad cultural. Es sorprendentemente llamativo como por encima del peso del ideario economicista del libre comercio, los discursos oficiales, empresariales y publicitarios relativos a la formación del bloque regional del MERCOSUR, apelan con recurrencia a los próceres, a las gestas y a los procesos históricos ‘comunes’, así como a la lengua, la religión, la cultura ‘común’.  San Martín, Bolívar, la Patria Grande, las facilidades derivadas de provenir de una misma raíz colonizadora y de tener una problemática actual supuestamente similares, son presentados como las cartas que asegurarían el triunfo de nuestra integración y de nuestro lugar en el mundo[5] , en contraste con la diversidad conflictiva visible en otros esfuerzos regionalizadores (cf. los conflictos étnico religiosos, los autonomismos y los secesionismos en Europa). Esta postulada homogeneidad latinoamericana resulta sin duda cuestionable atento a los procesos específicos de cada país tanto precedentes como posteriores a las independencias nacionales. También resulta cuestionable a la luz de los numerosos intentos previos de integración que se vieron coronados por el fracaso[6].

Con todo, lo anterior tiene la virtud de enfrentarnos a la tensión entre realidades homogéneas y heterogéneas en contextos de uniformización y de diferenciación como los presentes (cf. Ribeiro 1993) donde se pone en juego cuáles serán las nuevas formas de integración sociocultural en la región. De esto nos interesa destacar por una lado la cuestión del valor económico y político de la diversidad biosociocultural y, por otro lado, el problema la afirmación de identidades basadas en clivajes como el género, la edad, la orientación sexual, a expensas del borramiento de los límites entre clases sociales y entre espacios territoriales (como los países, o el centro y la periferia). Tanto los productos culturales como los grupos humanos que los producen, tanto los hombres como sus obras, adquirirán en el contexto del MERCOSUR nuevas formas de reconocimiento que ya están gestándose y cuyo desarrollo no es neutro, sino que involucra el funcionamiento de mecanismos democráticos en el seno de procesos caracterizados por la exclusión social. De aquí la importancia de su consideración.

Con respecto a lo primero, y como ya dijimos, la cultura presenta una creciente importancia económica y política relacionada a sus vínculos inescindibles  con la producción de mercancías y con la generación de consenso en el mundo de las imágenes. En la globalización, la producción a la vez masiva y segmentada de bienes y servicios se nutre de múltiples creaciones locales, las que no encuentran un obstáculo en su diferencia sino más bien una fuente de valor. Aunque no todos los productos locales se globalizan, resulta claro que al influjo cierto de los ‘centros’ se contrapone la ‘corrupción periférica’ (cf. Hannerz 1992) y que los productos globales son bienes y habilidades locales globalizados. El caso quizás paradigmático es el de la gran industria farmacéutica, largamente basada en  plantas y conocimientos medicinales obtenidos de los pueblos aborígenes. La  apropiación de esa diversidad biológica y cultural es lo que permite a macroagregados transnacionales la realización de ganancias gigantescas. Pero este es un mecanismo generalizado por el que los productores indígenas (sean amazónicos, artesanos de la India o estrellas de la música) involuntaria o voluntariamente ceden los derechos sobre sus creaciones. Aquí es donde se plantea el problema político del reconocimiento de esos derechos, así como el reconocimiento de esos grupos y/o individuos. Como bien se pregunta Ribeiro (1993), a qué grupo amazónico pagar royalties por el curare? A la vez, eso no supondría terminar de imponer una lógica mercantil por sobre toda otra lógica posible?

Contra las anteriores nociones que prefijaban unilateralmente los parámetros universales del desarrollo, los organismos internacionales postulan hace décadas concepciones como las de la dimensión cultural del desarrollo, el desarrollo sostenible, el desarrollo humano. Todas ellas suponen una reivindicación de la participación activa de las poblaciones locales, con sus conocimientos, sus habilidades particulares, y su ‘diversidad creativa’ en los procesos que los involucran. En un sentido semejante -aunque no idéntico- van las transformaciones del capitalismo de acumulación flexible atento a las potencialidades locales y a los consumos segmentados, así como el elogio de la diversidad y de la pluralidad de voces de cierto postmodernismo relativista.  El problema es que esta afirmación de la diversidad cultural y de la participación local se concreta en modalidades que no siempre son las postuladas o las éticamente deseables, como es el caso recurrentemente denunciado de la usurpación y usufructo de plantas y conocimientos indígenas por parte de las transnacionales farmacéuticas. De aquí la importancia de discernir las distancias reales entre los discursos y las prácticas, sobre todo cuando el orden de magnitud y de incidencia efectiva de algunas de estas es incomparable con la agencia de otras.

Mas concretamente estamos pensando en los acuerdos del GATT, cuya impronta es más decisiva que las bien intencionadas elaboraciones de los organismos internacionales y donde el sentido dado a la diversidad cultural resulta notablemente otro. Como plantea Yudice  refiriendo al Tratado de Libre Comercio de Norte América “la ‘cultura’ se ha convertido en una olla podrida high tech en la que cualquier tipo de innovación es incluido para proteger las reclamaciones de propiedad de las empresas transnacionales. /.../ El TLC, siguiendo el ejemplo del GATT,  ha redefinido la noción de cultura en términos de formas de propiedad que incluyen registros de propiedad autoral, patentes, marcas registradas, derechos a la invención de variedades botánicas, diseños industriales, secretos de comercio, circuitos integrados, indicaciones geográficas, señales cifradas de satélite, etc. Por añadidura, dicha propiedad intelectual es protegida en la medida en que pertenece a individuos (las empresas incluidas entre ellos), así obviando el reconocimiento de derechos colectivos, como por ejemplo los de comunidades que producen bienes culturales y otras formas de invención intelectual como son las variedades  de semillas desarrolladas por comunidades campesinas” (1997:76). Es indudable que los derechos autorales constituyen una conquista para muchos productores culturales que dependen de ese reconocimiento para solventar su existencia y su actividad creativa. Pero en la perspectiva que estamos considerando ahora los derechos culturales se ven reducidos a derechos de propiedad intelectual, donde la propiedad individual y preferentemente empresarial se despliega por sobre la posesión compartida y común de bienes de valor presuntamente intangible. El reconocimiento de la diversidad cultural y de las identidades se desdibuja al volverse individual y consecuentemente no colectivo. Pero también se desdibuja porque al efectivizarse exclusivamente bajo la forma de propiedad privada congela la fluidez de los procesos social, niega a los actores menos capitalizados, da legitimidad a la ecualización de sus diferencias bajo el manto de una lógica única.

Desde la perspectiva europea Lamo de Espinosa (1995) concibe el multiculturalismo como un conjunto variado de fenómenos sociales producto de que vivimos en sociedades descentradas culturalmente, donde coexisten personas con diferentes bagajes culturales. Distingue un multiculturalismo radical que defiende el desarrollo de las culturas separadas e incontaminadas, de un multiculturalismo normativo que respeta las identidades culturales en pro de reforzar la convivencia, la fertilización cruzada, el mestizaje y la comunicación intercultural[7]. Su acuerdo con este último va en el sentido de rechazar la hipostatización de las culturas como entidades ahistóricas en pro de un universalismo pluralista y sin uniformidad. En la alternativa entre los ‘derechos del hombre’ y los ‘derechos de los pueblos’ este autor opta por “la atribución abstracta de derechos a la persona sin más, al margen de cualquier adscripción étnica o cultural” (1995:19) con lo cual pone a los derechos individuales por sobre los derechos colectivos. No cabe duda que en el contexto de las guerras de limpieza étnica como la de la ex – Yugoslavia, los derechos colectivos asociados al pasado, a la sublimación de las tradiciones y a la exacerbación de las diferencias, aparecen como peligrosos. Pero en el contexto de la apropiación de los saberes locales y comunitarios por parte de intereses privados empresariales, son los derechos individuales los que se vuelven abusivos.

De aquí que a la pregunta por una integración regional que reconozca identidades plurales y dinámicas parezca pertinente la propuesta de Martiniello en cuanto a una ciudadanía  multicultural como ciudadanía integral para todos. “Ya no se considera simplemente a los ciudadanos como individuos iguales. Más bien se les percibe como sujetos de derechos iguales en tanto que individuos, pero también como sujetos de deseos y de necesidades diferentes en tanto que miembros de grupos que poseen unas características específicas” (Martiniello 1995:237). Esta propuesta conlleva el doble intento de conciliar universalismo y particularismo y de resolver las tensiones entre la igualdad formal y las diferencias y desigualdades reales. Lo que se pone en juego aquí es un problema de distribución, esto es de delimitación social de las condiciones de la vida y de acceso y regulación de las mismas por parte de grupos e individuos.

Entendemos que en tanto la humanidad se separa de la naturaleza por medio de la cultura y los hombres se constituyen como tales en las relaciones particulares que establecen en el seno de grupos más o menos discretos, los derechos culturales comportan no solo el reconocimiento de lo que hace a la persona como individuo sino también como perteneciente a determinados colectivos. En este sentido los derechos culturales no pueden ser restringidos a la propiedad individual, pues de lo que se trata es de considerar tanto el momento individual como el momento colectivo de las sociedades. Se trata asimismo de apreciar la diversidad realmente existente de las formas de apropiación, que más allá de la propiedad privada incluyen la propiedad múltiple, la propiedad comunal, la posesión, el usufructo, el derecho de uso, etc. La cuestión consiste en regular un acceso a lo propio y a lo ajeno al que necesariamente le antecede un reconocimiento de las divisiones sociales del mundo y de las identidades allí conformadas.

Esto nos lleva a la segunda cuestión que dejamos planteada más arriba, a saber la proliferación de las identidades y de los clivajes en torno a las cuales estas se conforman, correlativo al decaimiento de los límites habitualmente conceptualizados en términos de la clase, el Estado nación, el centro y la periferia. Entendemos que son justamente las transformaciones en la producción y el consumo, la emergencia de instancias transnacionales y el aumento de flujos cruzados, lo que cataliza la mayor visibilidad, el surgimiento y la reivindicación de identidades (Juliano 1992) dirimidas en torno al género, la edad, la pertenencia religiosa, la orientación sexual, el estilo de vida. A la vez estimamos que este estallido de las diferencias tiene un matiz saludable en cuanto a permitir aflorar formas de vida antes ocluidas y que ameritan ser reconocidas. En este sentido participamos del elogio de la diversidad y de la pluralidad de voces en tanto que apertura democrática.

En el momento actual parece claro que las distinciones de clase están lejos de dar cuenta de la totalidad de las divisiones del mundo social, incluso de aquellas centradas en el mundo del trabajo. Con  todo no puede negárseles la virtud de llamar la atención y conceptualizar  esa dimensión fundamental de la desigualdad que hoy caracterizamos ampliamente como ‘exclusión social’. Algo semejante ocurre con la distinción entre centro y periferia. Si bien en el ‘espacio de los flujos’ (Castells 1989) sus significados han sufrido alteraciones profundas y reconocemos periferias en los centros y centros en las periferias, esto no basta para postular la indiferenciación sin más de los espacios. Sobre todo cuando se verifica una concentración económica y de poder en la que los espacios escenifican como nadie la desigualdad. También estas nociones, con mayor o menor variedad de matices y precisiones, nos regresan sobre límites ‘duros’ que la falta de conceptos adecuados no nos permite obviar sin más. Las nuevas configuraciones espaciales, las nuevas identidades y diacríticos que hoy nos llaman la atención, no deberían impedirnos establecer jerarquías en su aparente desorden y variedad.

La cuestión a nuestro entender radica en que las identidades son “síntesis de múltiples alteridades” (Ribeiro 1994), o para decirlo de otro modo, pertenecemos a muchos colectivos en los que la pertenencia se actualiza situacionalmente. En este sentido surge la pregunta sobre qué marcas atender y en qué contextos hacerlo: el género, la edad, la religión, el consumo? Si bien todas ellas deben ser empírica y oportunamente atendidas, creemos que no cabe perderse en el mar de las diferencias, poniéndolas a todas en un mismo nivel sobre el que podríamos no abrir juicio (Juliano 1997). Si bien todas las diferencias en principio podrían aceptarse como legítimas, de hecho esto no ocurre así y es cuestionable que lo sean de derecho.  Con mayor o menor carga religiosa y sin rozar fundamentalismo alguno, nadie creé que todos sus congéneres se merezcan el cielo y por nuestra parte ni vestidos de antropólogos relativistas les concederíamos el acceso a los esclavistas, a los paidófilos, a los traficantes de armas o a los torturadores. De modo tal que no podemos ser indiferentes respecto a las diferencias, particularmente en casos como los mencionados que tienen en común el remitir a la cuestión clave de la igualdad, a ese lugar donde más que de diversidad se trata de desigualdad y donde algunos subrayados de la diferencia, mas que mostrar, ocultan.

4. El MERCOSUR hecho desde abajo

Los procesos de regionalización, como modos de realización de la globalización, implican sin duda recomposiciones de fronteras, de espacios y de divisiones del mundo social. Corredores de integración, pasos fronterizos, puentes, autopistas, gasoductos y complejos hidroeléctricos expresan en el espacio, el rumbo de las inversiones y las decisiones políticas. Las concepciones que orientan unas y otras cumplen un papel fundamental, sobre todo cuando algunas áreas estimadas ‘viables’ son privilegiadas frente a otras reputadas de ‘inviables’ y abandonadas a una suerte ajena tanto a los capitales como a la administración[8]. Todo ocurre en el marco de una búsqueda empresarial y gubernamental de competitividad en el mercado mundial, que evalúa riesgos y beneficios a niveles macro, en una lógica que excede al país para involucrar la región. Con todo, junto a acciones cupulares más o menos transparentes, la integración regional supone procesos abiertos a la comunidad en los que, aunque algunos pescan con anzuelo y otros con explosivos de profundidad, ‘a río revuelto, ganancia de pescador’. Ciertos autores aluden a una ‘guerra de los lugares’ (cf. Alessandri 1996) para referir precisamente a los intentos de obtener un buen posicionamiento en el concierto de los lugares a partir del subrayado y el desarrollo de alguna peculiaridad local transable en el mercado. En este sentido hay en lo local potencialidades que inciden no solo en ese posicionamiento sino también en la conformación misma de lo regional y de la globalidad. El MERCOSUR también puede hacerse y de hecho se hace desde abajo.

La cuestión a considerar aquí es cuáles son las agencias que podrían llevar adelante con éxito esa otra vía de constitución del ámbito regional. Numerosos planteos de los organismos internacionales referidos al desarrollo, formulaciones empresariales referidas al planeamiento estratégico y programas gubernamentales abocados a la descentralización de la gestión pública, tienden a favorecer la participación de los diversos actores comunitarios. En líneas generales se proponen las iniciativas de la ‘sociedad civil’ (también conceptualizada en términos de ‘sector social’ o ‘tercer sector’) como balance necesario frente a  las agencias del Estado y del mercado. Mientras este último se encargaría de la producción de bienes, asegurando empleos e ingresos mediante la actividad privada orientada al beneficio, sería función del Estado la provisión de servicios de interés general, asegurando el orden mediante marcos jurídico políticos, regulaciones y controles. Dado que Estado y mercado se han mostrado insuficientes para cubrir adecuadamente necesidades y expectativas de la comunidad, mas acá del interés individual y del bien público, las lagunas entre estos dos ámbitos de acción  serían cubiertas por la sociedad civil,  espacio de las organizaciones que encauzan la participación social entre lo privado y lo público, una suerte de interfase colectiva situada entre lo individual y lo general, la sociedad estructurándose a sí misma.

No cabe duda de lo sugerente del hacerse de una sociedad en el entramado de sus organizaciones, detectando necesidades y recursos, oportunidades y amenazas. Menos aún de la necesidad de hallar canales de expresión y participación de las comunidades en los procesos que las involucran. Pero no se puede dejar de tener en cuenta aristas menos optimistas de estos asertos, su componente muchas veces declarativo y las limitaciones de su repercusión en la práctica. Sobre todo considerando que en los países latinoamericanos el peso de Estado y mercado es incontrastable con la presencia y el influjo de una sociedad civil escasa e incipientemente desarrollada[9]. Esto llama a relativizar las respuestas fáciles a las preguntas acerca de “quién puede decir qué debe entenderse por sociedad civil?” y  sobre “cómo puede concebírsele hoy día cuando la sociedad se viene desterritorializando?” (Yudice 1994:44). Los indicios acerca de la constitución de una “sociedad civil mundial” expresada en movimientos como el ecologista (cf. Ortiz 1996), amén de no resultar suficientemente claros, plantean también nuevos problemas, de los que dan cuenta las cumbres internacionales. Pensamos por ejemplo en las conferencias de Medio Ambiente en Río, de la Mujer en Beijing, de Población en El Cairo, de Desarrollo Social en Copenhague. En  todas ellas hubo foros paralelos propiciados por numerosas y destacadas organizaciones de la sociedad civil que manifestaron sus desacuerdos con las agendas, las resoluciones y la falta de cumplimiento de acuerdos previos consensuados por los gobiernos. Sin dejar de destacar la importancia de estas organizaciones y de su presencia en estos encuentros, resulta decepcionante su escasa incidencia, que amenaza convertirse en parte del folklore de las conferencias internacionales.

Esto no quiere decir que el futuro de la participación comunitaria sea necesariamente oscuro, sino más bien que dista del optimismo con que se la encomia mientras no se provean los medios institucionales que la afiancen. Como sugeríamos más arriba, la gente se sube al MERCOSUR como puede. Pero si la mentada sociedad civil ha de afirmarse es necesario que se abran espacios institucionales que promuevan y regulen la participación de sus organizaciones, respetando su especificidad. Nos referimos con esto a otros  males que el sector social parece contraer con facilidad: el operar como un apéndice técnico más ligado al Estado que a la comunidad; o funcionar como una iniciativa privada encubierta, lo que Jesús Contreras denomina ‘el comercio de la solidaridad’. Con esto volvemos sobre el  problema de instalar una lógica única –para nuestro caso una lógica utilitaria cifrada en que es el Estado el principal promotor de la generalización de la forma mercado- que desdeñando otras aperturas culturales reafirme más de lo mismo.

En lo que nos compete entendemos que la noción antropológica de cultura vehiculiza problemáticas bastante más ricas que la pretensión librecambista de reducirla  a derechos de propiedad intelectual individual. Por otro lado, la difundida concepción de cultura como totalidad, que por abarcativa y vaga no permite operar sobre cuestiones concretas, ha sido ampliamente criticada. Pero hoy día con este concepto resaltamos la potencialidad de dar cuenta de la diversidad y las identidades en el contexto de los nuevos tiempos.  Nos alejamos de la versión administrativa referida a un sector específico de la gestión pública que habitualmente la restringe a valores simbólicos presentes en artes y patrimonio, para visualizar a los grupos humanos que en múltiples prácticas creativas recrean el mundo social. Nos alejamos también de la banalización de las diferencias que resulta no sólo del universalizarlas como mero dato del bestiario humano, sino también del individualizarlas como idiosincrasia personal, para situarnos en las construcciones colectivas que operan las divisiones del mundo social, sus grupos, sus categorías y sus proyectos. Con ello superamos el confinamiento a lo simbólico para aludir a sus vínculos y sus transformaciones con los valores económicos,  vamos más allá de la clasificación como modalidad cognoscitiva para referir a sus componentes políticos. Con información o sin ella, con participación o sin ella, el MERCOSUR se hace con la gente. Este actor heterogéneo de los procesos de integración regional, no resulta más participativo por su sola inclusión teórica en las cohortes de la sociedad civil. Del mismo modo que las diferencias no son conjuradas por su mera mención entre las intencionalidades de los proyectos. En tal sentido el propiciar investigaciones y acciones donde se contemple la dimensión regional de las agencias de los múltiples y diversos colectivos involucrados en la integración, parece prioritario.

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